Parece que por fin la comunidad internacional está de acuerdo en que el orden económico que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial ya no es válido. Las instituciones que han realizado su labor en la Guerra Fría y tras la caída del Muro de Berlín han quedado anticuadas. Se impone el buscar propuestas.

Por este motivo me gustaría comenzar hoy una serie de post que recojan propuestas que perfilen el orden internacional del mañana.

Una de las principales críticas que recibe la actual situación internacional es que no existe un foro político que resulte legítimo. Naciones Unidas es el objetivo principal de estas críticas, por una parte su Asamblea General da cabida a Estados encabezados por dictadores o caudillos que acaban teniendo una capacidad de decisión igual a la de las democracias más avanzadas: todos tienen un voto. Por otra parte, su Consejo de Seguridad, ocupado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es objeto constante de crítica, en particular, por el derecho de veto de estos miembros permanentes. Ante esta situación se han hecho múltiples propuestas de reforma pero ninguna ha llegado, todavía, a buen puerto.

Y hay quien busca alternativas y propone la creación de una Liga de Democracias. No es un tema completamente nuevo, pero recientemente ha vuelto a ser objeto de lectura por parte de muchos expertos internacionalistas a partir de un trabajo de GJ Ikenberry y AM Slaughter en el que, con muy poco tino, plantean la creación de una Liga de Democracias bajo el patronazgo mesiánico de Estados Unidos. Señores, si apuestan de una vez por el multilateralismo… ¡háganlo bien!

En cualquier caso, en el texto de los americanos hay partes salvables. Me gustaría rescatar aquí la sucinta descripción de los pilares en los que debería basarse esa Liga de Democracias:

Esta Liga institucionalizaría y ratificaría la “paz democrática”. Si las Naciones Unidas no pueden ser reformadas, la Liga podría proporcionar un foro alternativo a las democracias liberales para autorizar la acción colectiva, incluyendo el uso de la fuerza, por un voto en supermayoría. Su membresía sería selectiva pero realizada por sus propios miembros.

Los miembros tendrían que comprometerse a no usar o preveer el uso de la fuerza contra sus miembros; comprometerse a mantener elecciones multipartidistas, libres y justas con intervalos regulares, garantizar los derechos civiles y políticos a sus ciudadanos mediante un sistema judicial efectivo y aceptar la responsabilidad de proteger.

¿Qué os parece la idea?

Mañana publicaré las entrevistas completas que realicé a Elena Valeciano, Secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE y candidata al Congreso de los Diputados, y a Jorge Moragas, Secretario de Relaciones Internacionales del PP y también candidato al Congreso. Las entrevistas recogerán las dos preguntas que ayer no publiqué. La última de ellas era acerca de cómo se combate el terrorismo.

La política exterior de los gobiernos centristas se centró en tres ejes: el ingreso de en la Comunidad Europea, el diseño de una nueva política de seguridad y defensa, y la reformulación de las relaciones con Latinamérica.

El ingreso en la Comunidad Europea fue el tema sobre el que hubo un mayor consenso. No podía ser de otra manera ya que, frente al atraso que había representado la etapa anterior, “entrar en Europa” significaba la modernización de España. En la primavera de 1976 se solicitaba el acceso al club comunitario.

Las negociaciones formales se iniciarían el 5 de febrero y digo formales porque entre 1979 y 1980 éstas estuvieron en realidad prácticamente paralizadas. Francia se dedicó a obstaculizar la entrada de España por los temores que nuestra entraba le suscitaba. Su sector agrícola se sentía amenazado. Este “parón”, también conocido como “giscardazo”, unido a la inquietud interna, acabó llevando al golpe de Estado del 23F. La principal consecuencia de este acontecimiento fue, sin embargo, que el resto de países europeos se percataran de los efectos que sus dilaciones tenían en la recién estrenada democracia española. Se lanzaron declaraciones a favor de incentivar el ritmo de las negociaciones, declaraciones vacías ya que esa aceleración no tuvo lugar hasta que hubo una renovación de partidos y equipos de gobierno en 1982, primero en Francia y después en España.

El diseño de una nueva política de seguridad y defensa constituyó también uno de los objetivos básicos en materia de política exterior durante la transición.

El primero gobierno de la Monarquía buscó todos los apoyos internacionales posibles. En el contexto de la política de bloques, el apoyo de Estados Unidos resultaba fundamental. Por ello se realizaron esfuerzos para sustituir los gravosos acuerdos de 1953 por un nuevo Tratado de Amistad y Colaboración que se firmó el 24 de enero de 1976.

Si bien la inserción en un sistema defensivo ligado a Estados Unidos era una cuestión relativamente pacífica, no lo era la cuestión de una posible integración en la OTAN. La cuestión estaba pendiente de un amplio debate parlamentario que el firme rechazo de los partidos de izquierda y de gran parte de la opinión pública hacían inviable. No era cuestión de romper el consenso en un momento tan delicado.

La situación comenzó a cambiar radicalmente entre 1980 y 1981. El ministro Oreja anunció en junio de 1980 el propósito gubernamental de iniciar negociaciones en 1981 para la incorporación de España a la OTAN. En febrero de 1981, el candidato a presidente de Gobierno, Calvo Sotelo, tras una sorprendente dimisión de Suárez, lo anunció ante el Congreso de forma firme. De esta forma, y tras un debate parlamentario de poco más de dos meses, en diciembre de 1981 el gobierno español presentaba la solicitud oficial. El 30 de mayo de 1982 España se incorporaba oficialmente a la OTAN como su decimosexto miembro.

La evolución de las relaciones españolas con Latinamérica nos llevó de una hueca formulación de la Hispanidad basada en una concepción retórica de la herencia cultural a un nuevo modelo de comunidad en plena construcción sobre los valores de la igualdad y la independencia.

La intención de España era doble, por una parte presentarse como la puerta de entrada en Europa ante las repúblicas americanas y por otra presentarlo como baza para en su candidatura a la integración en la Comunidad Europea. Una posición algo ingenua ya que, por entonces, ya eran muchos los países europeos que tenían lazos con América siendo éstos, en ocasiones, muy intensos. En cualquier caso, los esfuerzos españoles resultaron en una mayor presencia en la región. España quedó incluida como miembro del Pacto Andino y se incorporó a la CEPAL. Firmó las declaraciones de Quito y de Caracas con proyecciones sobre desarrollo económico regional y fortalecimiento de instituciones democráticas y tuvo una actuación controvertida, su presencia como observadora, junto a Portugal, en la VI Conferencia de Países no Alineados celebrada en La Habana en septiembre de 1979, y la defensa de posturas progresistas en los conflictos de Nicaragua y El Salvador le valieron a la política de Suárez una fuerte crítica dentro de UCD. Con Calvo Sotelo se produce un rechazo de las posturas más arriesgadas y buena muestra de ello será la ambigüedad desarrollada durante la crisis de las Malvinas.

Un balance de esta primera etapa de las relaciones democráticas con Latinoamérica deja ver un panorama positivo pero desequilibrado, con máxima intensidad cultural y política y baja intensidad económica, pero que se ha constatado que funcionó como base para un incremento importante de la inversión económica que llegaría en los años siguientes.

Quiero empezar hoy una serie de posts dedicados a la Política Exterior española, comenzando en la etapa franquista y terminando en nuestros días. Un ejercicio de memoria imprescindible para comprender mejor por qué adoptamos hoy las posturas que adoptamos, por qué tenemos unas prioridades y no otras y, a fin de cuentas, por qué la Política Exterior española es una (o debería ser) y no otra.

Los primeros años de la etapa franquista fueron años de aislamiento internacional, el contexto de posguerra tanto interna como internacional no permitieron grandes movimientos a la dictadura del General Franco.

Pese a que se trataba de una de las últimas dictaduras de Europa, junto a la salazarista de Portugal, los años cincuenta fueron el comienzo del engarce internacional de España en el contexto internacional, un contexto, recordemos, trazado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial. ¿Cuáles fueron esos elementos de engarce? Por un lado el contexto de la Guerra Fría en el que el régimen se alineó con los países del Primer Mundo y por otro el que ofrecía el proceso de descolonización general en el que España asistió a la independencia de Guinea Ecuatorial.

Se trató de movimientos que, principalmente, vinieron forzados desde el exterior. El régimen franquista se caracterizaba por una resistencia al cambio que, sin embargo, no impidió la integración de modo directo o indirecto en las instituciones internacionales o la apertura de canales de carácter comercial con países del ámbito atlántico, mediterráneo y americano.

Quizás uno de los elementos más grotescos de esta etapa de la política española fueron las políticas de sustitución. Nacidos de la frustración del régimen al no conseguir ingresar en el club europeo, los argumentos de la Hispanidad o del Africanismo intentaron dotar a España de un prestigio internacional del que carecía. Éstas políticas generaron entre ciertos sectores de la sociedad española una visión irreal acerca de la posición de España en el mundo.

La muerte de Franco en 1975 supuso, al margen de la inquietud inicial, la liberación de las ataduras españolas en política internacional dando pie a importantísimas oportunidades que supieron aprovecharse durante la etapa de la transición.

El próximo 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo reclamará a la Comisión y al Consejo la rebaja del precio de los preservativos.