Desinvitar a los gays y lesbianas de Israel es un profundo error.

Nadie en el mundo puede defender el salvaje ataque del ejército israelí a la flotilla que quería denunciar el vergonzoso bloqueo de la Franja de Gaza. Pocos han sido los que todavía no han condenado los asesinatos de nueve personas que se encontraban a bordo de aquellos barcos. Contados son los dirigentes israelíes que, dominados por un fanatismo escasamente lejano al que dicen combatir, justifican sin rubor la sangre derramada como si su paranoia les diera derecho a una legítima defensa perpetua.

Pero que, por unos días, estemos viendo a cara descubierta la esencia del gobierno conservador de Netanyahu y de los diputados del Likud no puede llevarnos a hacer pagar a quienes desde dentro, en el propio Israel, luchan por lograr un mundo más libre y más justo. Nada justifica el retirar la invitación a los gays y lesbianas de Israel a la marcha del Orgullo Gay de Madrid.

Cuando uno alcanza ciertas cotas de comodidad, cuando uno se acostumbra a ejercer sus derechos como si fueran algo indestructible y a vivir con normalidad corre el riesgo de creer que por arte de magia se ha convertido en una persona “normal”: olvidarse de que forma parte de una minoría cuyos derechos son pisoteados todos los días en el resto del mundo, donde en otros países del mundo por su condición sexual podría ser azotado hasta la muerte o colgado como ocurre hoy en Irán, perseguido por el gobierno y los medios como hoy en Uganda o puesto contra una pared para que una aprisonadora lo aplastara vivo como ocurría, hasta no hace mucho tiempo, en Afganistán.

En Israel, gays y lesbianas, pueden vivir con cierta “normalidad” en Tel Aviv pero en otras ciudades, en otros pueblos más pequeños, el fanatismo religioso se cuece lentamente como un putrefacto caldo de cultivo. Allí, personas como tu y como yo, sufren emboscadas, violencia y ven como se organizan turbas de radicales ortodoxos al grito de que la homosexualidad es una abominación y que hay que impedir que sus ciudadades “se contaminen”.

El motivo que se ha utilizado para retirar la invitación es la seguridad; como si hordas de personas que abogan por la libertad y la tolerancia fueran a lanzarse al cuello de quienes, como ellos, defienden lo mismos valores en tierras inhóspitas. No, ese no puede ser el motivo. Porque si hablamos de seguridad, de evitar el peligro… ¿Qué mayor peligro que el que corren todos los días gays y lesbianas en ciertos lugares de Israel? ¿Qué mayor peligro que permitirnos olvidar que también en Israel hay que seguir luchando por nuestros derechos? ¿Qué mayor peligro que confundir a quienes son oprimidos con sus opresores?

¿Qué mayor peligro que la indiferencia?

Espeluznante documental en el que se muestra como los Evangelistas norteamericanos son quienes están instigando que los homosexuales vayan a la cárcel, e incluso, sean ejecutados en Uganda.

Puedes ver el documental completo aquí.

Dedicado a Manolo Lama

José Antonio Martín Pallín es uno de los veteranos de la magistratura española. La biografía de quien fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, bien podría ocupar gran parte de este reportaje que tendría que empezar en el verano de 1936, cuando nació. Desde que en plena dictadura fundase la organización ilegal de jueces “Justicia Democrática” que como él mismo cuenta entre risas lo convertía en un “delincuente político”, hasta simultanear su carrera judicial con la presidencia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Portavoz de Jueces para la Democracia. Colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas, entre otros muchos organismos y actividades. Y su actividad sigue siendo incesante.

Para ver reportajes como éste es por lo que me hice socio de periodismohumano. Allí puedes ver el resto de una fantástica y reposada entrevista.

O eso dicen algunos. Yo creo que es un don.

El parlamento de Uganda se dispone a aprobar una brutal ley que impondría a las personas homosexuales penas de prisión e incluso de muerte.

Un clamor internacional de críticas llevó al Presidente a ordenar una revisión. Pero tras una despiadada campaña orquestada por lobbies extremistas, existe la posibilidad de que el proyecto de ley se apruebe, abriendo la puerta a persecuciones y violencia generalizadas.

La oposición a la ley crece día a día, incluyendo la de la Iglesia Anglicana. El activista por los derechos gays Frank Mugisha escribe:

Esta ley nos pone en serio peligro. Por favor, firmen la petición y pidan a otros que nos apoyen: si logramos una gigantesca respuesta mundial, nuestro gobierno se dará cuenta de que Uganda quedará aislada internacionalmente por la ley propuesta, y acabará retirándola.

A la espera de una decisión en los próximos días, sólo una irresistible ola de presión mundial podrá salvar la vida de Frank y de muchas otras personas. Construyamos una enorme petición para detener esta mortífera ley para los gays: haz clic aquí para unirte a esta acción y luego reenvía este email.

http://www.avaaz.org/es/uganda_rights/?vl

La petición será entregada al Presidente Museveni, a miembros del Comité de Revisión del parlamento y a embajadas de Uganda en todo el mundo esta misma semana, así como a gobiernos donantes.

El proyecto de ley establece cadena perpetua para cualquiera que sea condenado por tener relaciones con otras personas del mismo sexo e impone la pena de muerte a los “infractores recurrentes”. Activistas y miembros de ONG que trabajan para prevenir el contagio del VIH podrían ser encarcelados con penas de hasta 7 años por “promover la homosexualidad”. ¡Y cualquier ciudadano se arriesga a pasar hasta 3 años en prisión si no denuncia a la policía las actividades homosexuales de las que tenga conocimiento en un plazo de 24 horas!

Los defensores de la propuesta de ley afirman que reivindica la cultura nacional, pero sus mayores detractores provienen de Uganda. El Reverendo Canon Gideon Byamugisha es uno de los muchos que nos han escrito. Estas son sus palabras:

Esto viola nuestra cultura, nuestras tradiciones y los valores religiosos que nos enseñan a estar en contra de la intolerancia, la injusticia, el odio y la violencia. Necesitamos leyes que protejan a la gente, no que les humillen, ridiculicen, persigan y maten en masa.

Con nuestro rechazo a esta peligrosa iniciativa legal y nuestra solidaridad con la creciente oposición contra dicha ley, podemos ayudar a marcar un precedente crucial. Ofrezcamos un apoyo masivo a los defensores de los derechos humanos en Uganda, y salvemos la vida de muchos al detener esta ley. Firma aquí y luego díles a tus amigos y familares:

http://www.avaaz.org/es/uganda_rights/?vl

NOTA: he recibido este correo de Avaaz y el caso merece copiarlo tal cual aquí para agilizar la acción.

La reunión de hoy en el Ministerio de Cultura entre algunas de las personas más influyentes de la red española y miembros del Ministerio, con González-Sinde a la cabeza, me ha hecho pensar todo el rato en distintas cuestiones clave en una negociación.

Conocimiento

En una negociación normal, ésto significa estar perfectamente preparado para negociar teniendo un profundo conocimiento de la materia. Sin embargo, cuando podemos asumir que ese requisito ya ha sido satisfecho, es necesario conocer a qué vamos y con quién vamos a hablar. En mitad de la reunión con la Ministra, ésta se ha levantado y se ha marchado. No hay que acudir nunca a una reunión en la que no va a estar presente la persona que tiene la potestad de decidir. De lo contrario estás vendido porque la parte contraria siempre te dirá “yo no puedo decidir eso, debo consultar con…” y habrá sido una negociación estéril.

Legitimidad

Otro aspecto fundamental es el de la legitimidad. Es decir, que las partes de la negociación sean los verdaderos representantes de los intereses enfrentandos. Por parte del Ministerio está claro que había representantes legítimos ya que es el Ministerio el que ha emprendido esta cruzada. ¿Pero existe legitimidad en el lado de Internet? Algunos de los asistentes han declarado que iban a título individual pero, por mucho que lo repitan, la imagen que se transmite es que representan (o pretenden representar) los intereses de los Internautas. ¿Ha habido un proceso democrático que avale dicha representación?

Principio Ganar-Ganar

Hay que saber negociar y negociar significa dar para tomar. Plantear ab initio la retirada de la Disposición Final I es o bien una clara muestra de que no hay intención alguna de llegar a un acuerdo o bien una torpeza. No hay que confundir el objetivo de la negociación, que es conseguir que la Propiedad Intelectual no esté por encima de los Derechos Fundamentales, con la negociación en sí misma. Quien tiene experiencia en negociar sabe que las cosas no se consiguen habitualmente en una primera reunión.

Escuchar

Fundamental para poder llevar a cabo ese tira y afloja. Si empezamos la negociación con la reivindicación de no negociar si no se retira el proyecto es que no estamos dispuestos a escuchar. En una buena negociación se expone la propia postura y después se escucha la contraria. Solamente de esa manera se puede empezar a buscar los puntos de encuentro. Solo de esa manera se puede negociar.

Templanza

La templanza es una virtud fundamental en cualquier negociador. Hay que mantener la calma, no tener prisa, no exagerar, no cancanear, no enfadarse, ni enojarse, escuchar siempre antes de hablar. Tampoco hay que rendirse. Hay que poner en práctica eso que ahora se llama resiliencia.

Hoy he echado en falta muchas de estas cosas en la reunión que han mantenido algunas personas en el Ministerio de Cultura. Si su objetivo es conseguir que los Derechos Fundamentales no se vean afectados por la necesidad de proteger la Propiedad Intelectual, sería recomendable que tuvieran en cuenta estos principios. De lo contrario, podrían darnos a entender que no tienen esa intención…

Imagen: Jesús Encinar

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

El derecho a la intimidad, y en particular el secreto de las comunicaciones, es un derecho universalmente reconocido. En una situación normal, y así lo regulan la mayor parte de los sistemas jurídicos, este derecho no puede servir para amparar prácticas delictivas. Mediante intervención judicial, un teléfono puede ser pinchado para detener a un narcotraficante o un sms interceptado para evitar un atentado terrorista. La ciudadanía entiende la necesidad de hacer decaer este derecho en determinadas situaciones pues existe una actividad reprochable que debe ser perseguida. Hasta ahora no se ha generado ningún debate cuestione la necesidad de mantener este balanceo de derechos. Existe consenso en que el derecho a la intimidad puede ser suspendido en haras de la persecución de un delito.

Sin embargo, la lucha entre las grandes discográficas y los usuarios de internet ha provocado que el levantamiento del secreto de las comunicaciones se haya llevado a cabo en tantas ocasiones que los ciudadanos empiezan a sentir que su derecho está amenazado. El hecho de que un usuario pueda ver intervenidas sus comunicaciones por descargar ilegalmente películas de internet empieza a verse como algo desproporcionado porque el reproche hacia esta conducta ha disminuído enormemente en los últimos años. La ciudadanía puede llegar a percibir que las leyes, que el Estado, no les protege los suficiente frente a ésta desproporcionalidad.

Nos encontramos en pleno proceso de cambio, tanto legislativo como empresarial. Las grandes empresas de contenidos, acabarán transformándose y se darán cuenta que el problema no es la defensa de los derechos de propiedad intelectual de sus productos sino el garantizar el acceso a los mismos de forma sencilla, asequible económicamente y de forma simultánea en todo el mundo. La legislación terminará adaptándose al nuevo consenso social y los delitos contra la propiedad intelectual serán revisados para adaptarlos a un mundo nuevo en el que la información fluirá sin cortapisas y los contenidos de Dominio Público serán la materia prima con la que se construya la Sociedad del Conocimiento.

Pero en este tránsito, los ciudadanos no van a quedarse de brazos cruzados y ya han comenzado a tomar medidas. Cuando el Estado no es capaz de garantizar la intimidad, y por lo tanto la seguridad; se retorna al sistema medieval de protección privada: empiezan a aparecer empresas que garantizan la navegación encriptada. Es decir, la posibilidad de navegar de forma anónima por internet a cambio de una pequeña cantidad dinero para evitar que cualquier entidad de gestión de derechos, policía e, incluso, la propia operadora de Internet puedan saber qué se está haciendo en Internet. Ejemplo de ello es TUVPN.com que ofrece este servicio ya en España.

La batalla está servida, los ciudadanos están en su derecho de encriptar sus comunicaciones pero eso va a poner en pie de guerra a varios sectores. Las empresas de gestión de derechos tendrán muchas más dificultades para realizar acusaciones que puedan llevar a acciones judiciales contra los usuarios, ¿cambiarán su estrategia en aquellos países donde el usuario es todavía su objetivo?. El Estado va a tener mayores dificultades para perseguir a los delicuentes verdaderamente peligrosos porque la encriptación estará ya al alcance de todos, ¿habrá reacción por su parte? Empresas que hacen de su negocio con la recopilación de datos agregados de sus usuarios probablemente podrían verse afectadas si la encriptación se extiende. Las operadoras, las menos proclives a interrupmir la conexión a Internet de los ciudadanos, podrían verse presionadas para limitar, no el tráfico hacia determinadas páginas como se ha intentado hasta ahora, sino el volumen de ese tráfico. Y entonces sería el momento del surgimiento de nuevas ofertas o pequeñas operadoras que ofrezcan una navegación sin límites y con encriptación de serie.

De momento hay silencio, todas las partes quieren ver qué ocurre (algunas no lo verán ni aunque ocurra ante sus ojos). Pero si la encriptación empieza a extenderse como un standard, como apunta la situación en Suecia, en los próximos años la navegación por Internet se hará entre las olas de una fuerte marejada…