Con las previsibles revueltas que están teniendo lugar en China, algunos países han comenzado a apuntar abiertamente la posibilidad de boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín (aunque después se hayan retractado). Otros han decidido boicotearlos veladamente.

El boicot a los Juegos Olímpicos no es algo nuevo. Quizás el caso más destacado, y que más cercano nos pudo resultar, fue el de los Juegos de 1936 en la Alemania NAZI.

La elección de la ciudad de Berlín como sede de los Juegos Olímpicos tuvo lugar antes del ascenso de Hitler al poder. La decisión tenía que haberse tomado en 1931 en la reunión que el Comité Olímpico Internacional celebró en Barcelona, ciudad también candidata a la celebración, pero no fue hasta el año siguiente cuando, en Los Ángeles, se optó por la ciudad alemana.

Hitler llegaba al poder en 1933 y poco tiempo después, en 1935 promulgaba las Leyes de Nuremberg que privaban de la nacionalidad alemana a los judíos e intensificaron las persecuciones contra los opositores al régimen. El malestar internacional y el rechazo de los deportistas a ser utilizados por la propaganda NAZI llevó a plantear seriamente el boicot a los juegos. La alternativa era celebrarlos en Barcelona y así empezó a organizarse la Olimpiada Popular. Uno de los participantes, Eduardo Vivancos, lo contaba así en 1992:

El lugar idóneo era Barcelona que, como hemos dicho más arriba, ya había presentado su candidatura unos años antes. Como resultado se creó el Comité de la Olimpiada Popular de Barcelona bajo la presidencia de Josep Antoni Trabal; el secretario fue Jaume Miravitlles, conseller de la Generalitat de Catalunya y la fecha prevista fue del 19 al 26 de julio. Pronto llegarían adhesiones de Francia, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Grecia, Suecia, Marruecos y muchos otros. Por razones obvias no llegaron adhesiones de Alemania pero, en cambio, se inscribieron muchos alemanes que residían fuera de su país y a los cuales estaba vedada la participación en los Juegos de Berlín.

Sin embargo, la Olimpiada Popular pese a estar preparada para celebrarse, nunca tuvo lugar: el 18 de julio se producía en España el alzamiento nacional.

La noche del 18 de julio Pau Casals dirigía los ensayos de la Novena Sinfonía de Beethoven que la orquesta, con la colaboración del coro del Orfeó Gracienc, iba a ejecutar al día siguiente en el Teatro Grec de Montjuïc en la inauguración de la Olimpiada. Durante el ensayo se presentó un emisario oficial que, con la voz alterada, gritó: “Suspendan el ensayo. Tenemos noticias de que esta noche habrá un alzamiento militar en toda España. El concierto y la Olimpiada han sido suspendidos. Abandonen todos, inmediatamente, el local”.

Casals se quedó consternado. Se dirigió a los músicos y a los coristas y les dijo: “No sé cuando nos volveremos a reunir; os propongo que, antes de separarnos, todos juntos ejecutemos la sinfonía”, y levantando la batuta continuó el ensayo, terminando en la parte final que dice:

Abrazaos, hombres,
ahora que un gran beso
inflama los cielos…

“¡Qué momento tan emocionante! y qué contraste” dijo Casals unos años más tarde. “Nosotros cantábamos el himno inmortal de la hermandad, mientras que en las calles de Barcelona, y de muchas otras ciudades, se preparaba una lucha que tanta sangre haría verter”.

Hoy, más de setenta años después, me admira la determinación de los barceloneses de entonces de organizarse ante la injusticia y el oprobio. Al mismo tiempo me entristece la indeterminación y el vagar de la Unión Europea ante la situación en China. No podemos permanecer con los brazos cruzados mientras existen ciudadanos reprimidos que exigen recuperar lo que siempre les ha pertenecido: su libertad. Callar, mirar y no hacer nada, atenta contra nuestra dignidad.

¿Qué hacemos?

La política exterior de los gobiernos centristas se centró en tres ejes: el ingreso de en la Comunidad Europea, el diseño de una nueva política de seguridad y defensa, y la reformulación de las relaciones con Latinamérica.

El ingreso en la Comunidad Europea fue el tema sobre el que hubo un mayor consenso. No podía ser de otra manera ya que, frente al atraso que había representado la etapa anterior, “entrar en Europa” significaba la modernización de España. En la primavera de 1976 se solicitaba el acceso al club comunitario.

Las negociaciones formales se iniciarían el 5 de febrero y digo formales porque entre 1979 y 1980 éstas estuvieron en realidad prácticamente paralizadas. Francia se dedicó a obstaculizar la entrada de España por los temores que nuestra entraba le suscitaba. Su sector agrícola se sentía amenazado. Este “parón”, también conocido como “giscardazo”, unido a la inquietud interna, acabó llevando al golpe de Estado del 23F. La principal consecuencia de este acontecimiento fue, sin embargo, que el resto de países europeos se percataran de los efectos que sus dilaciones tenían en la recién estrenada democracia española. Se lanzaron declaraciones a favor de incentivar el ritmo de las negociaciones, declaraciones vacías ya que esa aceleración no tuvo lugar hasta que hubo una renovación de partidos y equipos de gobierno en 1982, primero en Francia y después en España.

El diseño de una nueva política de seguridad y defensa constituyó también uno de los objetivos básicos en materia de política exterior durante la transición.

El primero gobierno de la Monarquía buscó todos los apoyos internacionales posibles. En el contexto de la política de bloques, el apoyo de Estados Unidos resultaba fundamental. Por ello se realizaron esfuerzos para sustituir los gravosos acuerdos de 1953 por un nuevo Tratado de Amistad y Colaboración que se firmó el 24 de enero de 1976.

Si bien la inserción en un sistema defensivo ligado a Estados Unidos era una cuestión relativamente pacífica, no lo era la cuestión de una posible integración en la OTAN. La cuestión estaba pendiente de un amplio debate parlamentario que el firme rechazo de los partidos de izquierda y de gran parte de la opinión pública hacían inviable. No era cuestión de romper el consenso en un momento tan delicado.

La situación comenzó a cambiar radicalmente entre 1980 y 1981. El ministro Oreja anunció en junio de 1980 el propósito gubernamental de iniciar negociaciones en 1981 para la incorporación de España a la OTAN. En febrero de 1981, el candidato a presidente de Gobierno, Calvo Sotelo, tras una sorprendente dimisión de Suárez, lo anunció ante el Congreso de forma firme. De esta forma, y tras un debate parlamentario de poco más de dos meses, en diciembre de 1981 el gobierno español presentaba la solicitud oficial. El 30 de mayo de 1982 España se incorporaba oficialmente a la OTAN como su decimosexto miembro.

La evolución de las relaciones españolas con Latinamérica nos llevó de una hueca formulación de la Hispanidad basada en una concepción retórica de la herencia cultural a un nuevo modelo de comunidad en plena construcción sobre los valores de la igualdad y la independencia.

La intención de España era doble, por una parte presentarse como la puerta de entrada en Europa ante las repúblicas americanas y por otra presentarlo como baza para en su candidatura a la integración en la Comunidad Europea. Una posición algo ingenua ya que, por entonces, ya eran muchos los países europeos que tenían lazos con América siendo éstos, en ocasiones, muy intensos. En cualquier caso, los esfuerzos españoles resultaron en una mayor presencia en la región. España quedó incluida como miembro del Pacto Andino y se incorporó a la CEPAL. Firmó las declaraciones de Quito y de Caracas con proyecciones sobre desarrollo económico regional y fortalecimiento de instituciones democráticas y tuvo una actuación controvertida, su presencia como observadora, junto a Portugal, en la VI Conferencia de Países no Alineados celebrada en La Habana en septiembre de 1979, y la defensa de posturas progresistas en los conflictos de Nicaragua y El Salvador le valieron a la política de Suárez una fuerte crítica dentro de UCD. Con Calvo Sotelo se produce un rechazo de las posturas más arriesgadas y buena muestra de ello será la ambigüedad desarrollada durante la crisis de las Malvinas.

Un balance de esta primera etapa de las relaciones democráticas con Latinoamérica deja ver un panorama positivo pero desequilibrado, con máxima intensidad cultural y política y baja intensidad económica, pero que se ha constatado que funcionó como base para un incremento importante de la inversión económica que llegaría en los años siguientes.

Se acerca el buen tiempo y con él la llegada de olas de inmigrantes.

Solamente en 2005 se calcula que fueron 191 millones las personas migrantes en todo el mundo. España se ha situado en el tercer país del mundo en absorción de inmigrantes y sexto en porcentaje de población extranjera. Estos hechos, que pueden llevar a muchos a alarmarse, no deberían llevarnos a tener reacciones como la de Malta. En general, los efectos de la inmigración son más que positivos.

Desde el punto de vista de los costes que la inmigración puede suponer para el país de acogida, éstos pueden ser vistos, en primer lugar, desde el prisma de la sanidad, la educación y otros servicios públicos. Así, si bien la llegada de inmigrantes supone un aumento del gasto en estos ámbitos; la contribución de los inmigrantes, que pagan tributos, cotizaciones y, sobre todo, impuestos indirectos que gravan el consumo, arrojan un saldo positivo, especialmente en el medio y largo plazo, sobre las finanzas públicas. Así lo atestiguan diversos estudios tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. En segundo lugar, desde el punto de vista del empleo, se ha observado que el 70% de los inmigrantes ocupan empleos considerados como “poco cualificados”, especialmente en el ámbito de la agricultura y los servicios, empleos que los nacionales suelen rechazar por motivos diversos. Siendo éste un efecto positivo para el país de acogida, solamente hay que resaltar que se ha observado que esta situación sí puede tener un ligero efecto sobre los salarios y los empleos de los trabajadores nacionales poco cualificados. Por otra parte, aquella parte de inmigrantes “cualificados” suele ser absorbida por sectores con una gran demanda como son la salud y las tecnologías de la información.

Si intentamos observar los efectos sobre los países de origen, veremos que de las distintas vías de ingresos que tienen estos países, las remesas de los emigrantes son la fuente que más ha crecido en los últimos años. De hecho, se considera que su importancia podría ser mucho más importante de lo que las cifras oficiales muestran debido a que, en muchas ocasiones, estas remesas se entregan de forma oficiosa, es decir, en mano. Los efectos sobre los países de origen de estas remesas no están claros y sería complejo explicarlos aquí, pero en cualquier caso hay que resaltar que pueden convertirse en un instrumento para el desarrollo de estos países. Un ejemplo de ello es el Programa 3 por 1, según la cual por cada dólar que un inmigrante mexicano envía a su país, las autoridades locales y estatales estadounidenses envían otros tres destinados al desarrollo del tejido empresarial del país vecino. En cuanto a los efectos sobre los países de origen, se ha hablado siempre de “bran drain” (fuga de cerebros) pero hoy en día se está comenzando a hablar de “bran gain” (aportación de los cerebros) ya que se ha comprobado que, en primer lugar, dichas personas apenas podrían desarrollar sus habilidades en sus países de origen y, en segundo lugar, que las remesas que generan en dirección a su propio país suplen con creces esa pérdida inicial, especialmente si dicho dinero se gasta o invierte en aspectos que ayuden a mejorar el nivel de desarrollo. Por ejemplo, en educación.

En conclusión, aunque sea a grandes rasgos, es fácil observar que las migraciones no son más que una parte del proceso de desarrollo tanto de los países de origen como de los países de acogida. Con lo que no hay, en principio, motivo para ver con rechazo este fenómeno. Más bien al contrario. Y es necesario que empecemos a verlo así porque todo apunta a que este fenómeno va a intensificarse. Si el siglo XX fue el siglo de la explosión demográfica, el siglo XXI podría ser el siglo de las migraciones.

Es importante tenerlo en mente porque a los españoles se nos suele olvidar que no hace mucho también fuimos migrantes…

En marzo de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos; tocó el Concierto para piano n.º 27 (KV 595). Su último hijo, Franz Xaver, nació el 26 de julio.

Pocos días antes se presentó en su casa un desconocido, vestido de gris, que rehusó identificarse y que encargó a Mozart la composición de un réquiem. Le dio un adelanto y quedaron en que regresaría en un mes. Pero el compositor fue llamado desde Praga para escribir la ópera La clemencia de Tito, para festejar la coronación de Leopoldo II.

Cuando subía con su esposa al carruaje que los llevaría a esa ciudad, el desconocido se presentó otra vez, preguntando por su encargo. Esto sobrecogió al compositor.

Mozart, obsesionado con la idea de la muerte desde la de su padre, debilitado por la fatiga y la enfermedad, muy sensible a lo sobrenatural por su vinculación con la francmasonería e impresionado por el aspecto del enviado, terminó por creer que éste era un mensajero del Destino y que el réquiem que iba a componer sería para su propio funeral.

Más tarde se supo que aquel sombrío personaje era un enviado del conde Franz Walsseg, cuya esposa había fallecido. El viudo deseaba que Mozart compusiese la misa de réquiem para los funerales de su mujer, pero quería hacer creer a los demás que la obra era suya y por eso permanecía en el anonimato.

La salud del genio comenzó a declinar y su concentración disminuía. La clemencia de Tito fue acogida con frialdad por el público. Al regresar a Viena, Mozart se puso a trabajar en el réquiem encargado y preparó, en compañía del empresario teatral y cantante Emanuel Schikaneder, los ensayos de la ópera La flauta mágica. Ésta se estrenó con enorme éxito el 30 de septiembre de 1791, con el propio Mozart como director.

Un músico rival, Antonio Salieri, se hallaba entre el público. Por entonces Mozart escribió el Concierto en La Mayor para clarinete (KV 622) compuesto para el gran clarinetista Stadler. En octubre de 1791 su salud empeoró; caminaba con su esposa por un parque cuando de pronto se sentó en un banco y muy agitado comentó a Constanze que alguien lo había envenenado. Al poco tiempo quedó postrado en su lecho.

Mozart sentía que ya no volvería a levantarse, pero quería terminar su propia misa de difuntos y dictó a Franz Xaver Süssmayer, su discípulo, las indicaciones para completar el Réquiem KV 626. Pero le faltó tiempo.

El 5 de diciembre de 1791, Mozart falleció en Viena a los 35 años de edad y su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban (donde también se casara con Constanze).

Mozart al morir, consiguió terminar tan solo tres secciones con el coro y orgánico completo: Introito, Kyrie y Dies Irae. Del resto de la Secuencia sólo dejó las partes instrumentales, el coro, voces solistas y el cifrado del bajo y órgano incompletos, además de anotaciones para su discípulo Franz Xaver Süssmayer. También había indicaciones instrumentales y corales en el Domine Jesu y en el Agnus Dei. No había dejado nada escrito para el Sanctus ni el Communio. Su discípulo Süssmayer completó las partes faltantes de la instrumentación, agregó música en donde faltaba y compuso íntegramente el Sanctus. Para el Communio, simplemente utilizó los temas del Introito y el Kyrie, a manera de reexposición, para darle cierta coherencia a la obra.

El estreno de este Réquiem se produjo en Viena el 2 de enero de 1793 en un concierto en beneficio de la viuda del músico austríaco. Fue interpretado de nuevo el 14 de diciembre de 1793, durante la misa que conmemoraba la muerte de la esposa de Walsegg.

Fuente: Wikipedia en castellano

En 1942, en plena II Guerra Mundial, los líderes aliados Churchill, Roosevelt y Stalin, emitieron una proclama en la cual anunciaban que terminado el conflicto, todos aquellos jefes o líderes del militarismo de las naciones que conformaban el Eje serían juzgados por sus delitos. Esta proclama fue ratificada en Teherán (1943), Yalta (1945) y Potsdam (1946) hasta llegar, efectivamente, a la celebración de los Juicios de Nuremberg y de Tokio.

Los juicios de Nuremberg y Tokio supusieron una revolución en el Derecho internacional en general y en el Derecho internacional penal en particular. Si ya en la Conferencia de la Haya de 1907 se había esbozado el crimen contra la humanidad, no sería hasta entonces cuando un sujeto sería juzgado por su comisión un sujeto que, al mismo tiempo, también era la primera vez que era juzgado por un órgano internacional: la persona individual. Efectivamente, los Juicios de Nuremberg y Tokio fueron una convulsión en la regulación internacional: era la primera vez que delitos como los crímenes contra la paz, el genocidio o el, todavía inaplicado, crimen contra la humanidad iban a traspasar la letra y convertirse en realidad; era la primera vez en la que, además de a los Estados, se le reconocería subjetividad internacional al individuo.

Pero la convulsión no fue tan sólo en ese sentido: los Juicios no estuvieron exentos de polémica. Se cuestionaba su legitimidad, la rápida tipificación de los delitos que había sido necesario realizar y los procedimientos utilizados. Los cuestionamientos se convirtieron poco tiempo después en críticas abiertas ante hechos como el no procesamiento del Emperador Hiro Hito, jefe del Estado japonés, quien, tácitamente, había permitido la actuación de la cúpula militar, o el unilateralismo del tribunal que, si bien investigó y juzgó los crímenes cometidos por los países del Eje, no hizo lo mismo con el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki o con el bombardeo aéreo de Tokio, que historiadores y juristas han descrito como crímenes contra la humanidad. Pese a sus grandes imperfecciones, el poso que los Juicios de Nuremberg y Tokio dejaron en la Historia fue la sensación de que se había hecho justicia.

Rudolph Hess, el último de los condenados en Nuremberg, que permanecía en prisión, falleció en 1987. Por ello, no pudo ver como, pocos años más tarde, durante la década de los noventa, la Historia se repetiría. En 1993 y 1994, fueron constituidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los Tribunales penales para la ex-Yugoslavia y para Ruanda respectivamente. Se trataba, y se trata, de dos tribunales que ya no iban a generar la polémica de antaño: su legitimidad era incuestionable pues habían sido constituidos por el organismo multilateral por excelencia; los crímenes a juzgar era ya los frutos maduros del desarrollo del Derecho de la Guerra y del Derecho Internacional Humanitario. Eran, y son, los directos herederos de Nuremberg y Tokio. Sin embargo, pese a que su constitución fue algo pacífico y aplaudido por la comunidad internacional su carácter de tribunales ad hoc sí fue criticado. Se trataba, era evidente, de dos tribunales creado para dos situaciones determinadas; dos situaciones que mostraban indicios de comisión de delitos internacionales entre todo un conjunto de situaciones que también podrían haber requerido dicho atención.

Determinados a superar este carácter circunstancial, y por lo tanto injusto, de la persecución de los crímenes internacionales y buscando la instauración de una justicia internacional de carácter universal, se reunió una Conferencia diplomática en Roma en el año 1998. El 17 de julio veía la luz el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual, entrando en vigor cuatro años más tarde, se convertiría en el primer organismo jurisdiccional internacional de carácter permanente encargado de perseguir los delitos más graves del Derecho Internacional. Se trataba de una nueva revolución para el Derecho internacional.

Tras la euforia inicial, quedaba mucho trabajo por hacer. En 2002, la primera Asamblea de Estados partes tenía que establecer una seria de instrumentos tales como los “elementos de los crímenes”, “las reglas de procedimiento” y, lo que es más importante para el asunto que nos concierne, “el acuerdo de relación con Naciones Unidas”.

Efectivamente, aunque la Corte Penal Internacional es una organización independiente, ésta iba a quedar vinculada a las Naciones Unidas. Y lo iba a hacer por una razón evidente como es que la competencia de la Corte está directamente vinculada al logro de los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas, tal y como recoge su propio Estatuto. En particular, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, era el principio que directamente iba a vincular al Consejo de Seguridad, y con mayor concreción, su competencia para juzgar los crímenes de agresión, crímenes que hasta la fecha sólo puede determinar este órgano ejecutivo de las Naciones Unidas.

A mayor abundamiento, la relación entre el TPI y el Consejo de Seguridad iba a tener una doble vertiente: una positiva y otra negativa.

La relación de carácter negativo, en el sentido de coartar facultades al TPI es aquella que consiste en el derecho del Consejo de suspender por dos años renovables una investigación o un juicio que esté celebrando el Tribunal. Esta competencia acabaría quedando en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ya que para evacuar dicho mandato es necesario hacerlo a través de una Resolución fundada en el Título VII de la Carta de las Naciones Unidas. Este hecho podría ser observado como algo pernicioso para la consecución de la consecución de un sistema de justicia universal ya que podría dar como resultado la imposibilidad de juzgar los crímenes que involucren a los miembros de dicho Consejo. El riesgo existe. La posibilidad podría convertirse en realidad. Pero no es menos cierto que el Consejo de Seguridad no es un órgano homogéneo en sus decisiones y que en numerosas ocasiones no ha sabido o no ha podido ponerse de acuerdo a la hora de emitir una resolución. El caso más reciente, el de Irak. Por ello, podríamos afirmar que, pese a esta patología, el TPI podrá investigar y enjuiciar con una amplia discrecionalidad.

La vertiente positiva de la relación entre el Consejo y el Tribunal es aquella consistente en la posibilidad de que el Consejo traslade al fiscal del TPI la obligación de investigar una situación incluso en los casos en los que el Tribunal no tendría competencia para hacerlo. Se trata, evidentemente, de un gran paso adelante en la consecución de un sistema de carácter universal ya que sometería al Tribunal a Estados e individuos que no son partes del Estatuto de Roma. Pero incluso esta posibilidad de extensión de sus facultades ha resultado corta para algunas mentes críticas que opinan que los crímenes que persigue el Tribunal son normas de ius cogens que, desde la instauración del mismo, deberían ser perseguibles al margen de que un Estado sea o no parte del Tratado.

Una observación profunda y detenida del Derecho internacional, de su Historia, nos permitirá observar que éste se ha construido poco a poco, piedra a piedra. Nos permitirá ver que quienes tuvieron la posibilidad de darle forma optaron siempre por adoptar la mejor de las soluciones posibles aunque ésta no fuera el ideal que albergaban en sus mentes o en sus corazones. Nuremberg, Tokio, Yugoslavia, Ruanda fueron grandes soluciones, grandes acontecimientos, grandes realizaciones. Imperfectos, sí. Mejorables. Pero grandes. Hoy, el TPI comienza su andadura, superando muchas de las imperfecciones de sus antecesores; dando pasos hacia la consecución de un sistema de justicia internacional. Algunos de sus pasos serán en falso, como hemos señalado que puede llegar a ocurrir, pero no cabe duda de que serán solamente algunos en un largo camino.

El Tribunal Penal Internacional tal vez no sea la mejor de las organizaciones que se podría haber creado para la consecución de sus fines pero no haberlo constituido, escudándonos en la reticencia, hubiera sido peor. Y es que, en ocasiones, lo mejor es enemigo de lo bueno.