Resucitemos el Derecho de Petición, por favor…

Hace unos meses me invitaron a participar en un grupo de trabajo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un órgano dependiente del Ministerio de Presidencia, con el fin de aportar ideas para la reforma democrática en nuestro país. El grupo sigue trabajando y publicará sus conclusiones en el futuro pero no he querido esperar para publicar mi aportación centrada en resucitar un derecho que lleva muerto demasiado tiempo, el Derecho de Petición:

La democracia no es votar cada cuatro años. Es algo más. El término democracia significa gobierno de los ciudadanos. Por eso, las democracias avanzadas también tienen otras formas de participación política igual o tan importantes como la elección de sus representantes.

Herramientas como la Iniciativa Legislativa Popular, el Referéndum o el Derecho de Petición, vigentes en muchas democracias, también existen en España. Pese a ello, los ciudadanos no pueden articular propuestas de manera efectiva. De hecho, estas herramientas limitan la participación mediante mecanismos extremadamente formales, inflexibles e incompletos. El diseño institucional de la participación en España aboca a los ciudadanos, en la práctica, a no poder expresar su voluntad más que en las urnas y cada cuatro años.

Ante la imposibilidad de plantear sus peticiones por los cauces formales, la ciudadanía española está articulando sus protestas y sus propuestas a través de canales alternativos. Estos canales aprovechan el potencial viral de internet para llegar en muy poco tiempo a millones de personas, también permiten que cualquier ciudadano pueda liderar un movimiento sin necesidad de apoyarse en partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otros grupos de presión formales y, en muchos casos, fuerzan a la Administración a responder en un sentido u en otro debido a la presión pública directa.

Plataformas tecnológicas de peticiones de ámbito global como Change.org y plataformas pro-transparencia de ámbito nacional como TuDerechoaSaber.com, auspiciada ésta última por la Fundación Civio, se han convertido ya en canales habituales de millones de españoles para proponer cambios legislativos, protestar contra los efectos de la acción de las Administraciones o sugerir correcciones a su funcionamiento.

Sin ir más lejos, España es el país con una mayor proporción de usuarios de Change.org del mundo. La plataforma, presente en 196 países, no registra unos números iguales a los de España. Que el 15% de los usuarios de internet en España -más de 5.000.000 ciudadanos- recurran a esta plataforma para protestar y articular propuestas, da una muestra del estado de desamparo de millones de ciudadanos ante los canales oficiales.

La rigidez de la Administración Pública en España dificulta la admisión a través de los cauces formales de las propuestas realizadas por los ciudadanos. La Administración necesita flexibilizarse. La tradición jurídico-histórica española, que por garantista resulta excesivamente formal y rígida, debería aprender de otros sistemas, como el anglosajón, donde su flexibilidad revierte en una mayor participación de la ciudadanía y un comportamiento más democrático y responsable de la administración.

El legislador, en el momento de regular el derecho constitucional que conocemos como Derecho de Petición, no lo dotó de la suficiente flexibilidad para hacer de su ejercicio, un ejercicio efectivo y útil para los ciudadanos en el articulado de la Ley 4/2001. Por ello, es necesario revigorizar este derecho haciéndolo más líquido.

Para ello, la Administración debe dar un paso más e implantar lo que podríamos denominar como “Principio de Admisión de las peticiones ciudadanas”. Este principio eliminaría las barreras al ejercicio de este derecho, flexibilizando el acceso y relajando la formalidad actual. De este modo, este Principio se traduciría en enmiendas concretas a la actual Ley Orgánica que lo regula. A modo de apunte, sería necesario:

1. Eliminar requisitos para el solicitante. En la actualidad, la ley exige que el solicitante se identifique con su identidad completa (lo que suele traducirse en nombres y apellidos completos y número de DNI), nacionalidad y que indique un lugar en el que recibir las notificaciones. Debería mantenerse únicamente un requisito de identificación mínimo reducido al nombre y apellido del solicitante, el objeto de la petición y el destinatario para eliminar barreras de entrada al ejercicio de este derecho. Esta flexibilización es perfectamente posible ya que, en la mayoría de los casos, el derecho de petición tan solo tiene por objeto el emitir una respuesta pública de la Adminisitración y no el reconocimiento de derechos, por lo que la necesidad de identificación completa del remitente carece de valor. El valor reside en la respuesta de la administración.

2. Retirar la necesidad de firma en las peticiones colectivas. La administración debería asumir el mismo Principio de Admisión, unificando todas las peticiones iguales o similares de distintas personas físicas o jurídicas que, como permiten hoy en día las plataformas digitales, simplemente muestran su adhesión a una petición inicial sin necesidad de registrar cada uno de los apoyos adicionales con su propia firma.

3. Eliminar la obligatoriedad de presentar la petición ante un registro. La administración debería ofrecer emails públicos para el envío de dichas peticiones (no formularios) y recabar proactivamente las peticiones que reciban sus distintas instituciones, órganos e incluso funcionarios, teniendo como fin último el ofrecer una respuesta pública a los peticionarios sin importar como ni donde haya llegado la petición inicial.

4. En particular, el Derecho de Petición ante las Cámaras -regulado por sus propios reglamentos- debe reformar las denominadas “audiencias especiales” -la posibilidad de dar audiencia en sede al peticionario- para convertirlas en obligatorias tras alcanzar la petición un número determinado de apoyos. Esta posibilidad, que con la regulación actual, tan solo ha ocurrido en contadas ocasiones, debe convertirse en una práctica diaria del Parlamento para cerrar la brecha entre institución y ciudadanía.

Democracias de nuestro entorno ya se han dotado de sistemas efectivos y tremendamente flexibles, que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho de petición de manera fácil, ágil y sin barreras. En septiembre de 2011, la administración del Presidente Obama en EEUU lanzó el portal de peticiones We the People en la página web oficial del gobierno de Estados Unidos. El sistema permite a cualquier ciudadano crear una petición y dirigirla al Gobierno federal. Las peticiones que consiguen un cierto número de apoyos -cualquier persona mayor de 13 años puede crear o apoyar peticiones sin mayor requisito- son gestionadas y respondidas, sea cual sea el asunto. Las peticiones deben conseguir más de 150 firmas en sus 30 primeros días para aparecer en la web y las peticiones con más de 100.000 firmas en sus 30 primeros días obtienen el compromiso de ser respondidas por el Gobierno.

En el Reino Unido, su sistema de peticiones online fue rediseñado en agosto de 2011, permitiendo que las peticiones con más de 100.000 firmas sean debatidas en el Parlamento. Los parlamentos de Escocia, Queensland (Australia) o Alemania cuentan con sistemas similares.

España debe seguir la senda de estos países. La ciudadanía española está reclamando canales útiles, sencillos y prácticos para ejercer su derecho de petición. Como demuestra el elevado grado de uso de canales alternativos, la ciudadanía busca el modo de protestar y plantear reformas. La Administración debe adaptarse, escuchar y facilitar esa participación.

Ojalá alguien en el Congreso de los Diputados lea esto algún día y decida proponérselo a su grupo para llevarlo adelante. Ganaríamos todos. Ellos, consiguiendo estar más cerca de los ciudadanos, y nosotros, recuperando el derecho a hacernos escuchar en nuestra propia casa, la casa de todos.

Y recuerda, mi aportación no es más que un esbozo atrevido así que si tienes cualquier sugerencia o propuesta, no dudes en hacerla: aprovecha la sección de comentarios para darme tu opinión. Entre todos podemos hacer que sea mejor.

gcbdp