Ayer, el blog de Boulesis.com publicaba un artículo sembrado de preguntas acerca de la compatibilidad entre ecología y economía. Muchas de esas preguntas ya tienen respuesta. Desde aquí me gustaría contestar, al menos, a una.
Si occidente progresó talando sus bosques, ¿con qué autoridad moral puede exigirse la conservación del Amazonas?
Mala pregunta. Mala pregunta que solo puede tener una respuesta insatisfactoria. El problema está en la pregunta. Pero ¿de donde surge esta pregunta, este planteamiento?
Si bien la firma del Protocolo de Kyoto fue un logro para la humanidad ya que consiguió que el mundo se pusiera de acuerdo en reducir las emisiones de gases contaminantes, el medio elegido para conseguirlo (las cuotas de emisión) aboca al fracaso.
El fijar un sistema de cuotas de emisión de gases contaminantes lleva seguidamente a preguntarse si aquellos que más han contaminado en el pasado son los que deben poder seguir contaminando más en el futuro (por eso de que es difícil reajustar la industria), o si bien son precisamente los que menos han contaminado los que tienen derecho a contaminar más en el futuro (para poder ponerse al nivel de los primeros). Las preguntas no terminan ahí. ¿Las cuotas deben otorgarse de acuerdo a un criterio de renta per cápita o bien de emisión por dólar de PIB?
Todas estas preguntas, el negociar este reparto, no lleva más que a postergar el objetivo final del Protocolo de Kyoto que es la reducción en la emisión de los gases contaminantes. Por eso hay que dejar atrás el Protocolo de Kyoto. Hay que superarlo.
Y ya hay una propuesta alternativa. Una propuesta que utilizaría los mecanismos de mercado de forma más eficiente y seduciría, probablemente, a países reticentes como Estados Unidos: imponer una tasa común a todos los países del mundo sobre las emisiones de dióxido de carbono, o si se prefiere, sobre el petróleo, el carbón y el gas. La consecuencia lógica de este gravamen sería la reducción del consumo de sustancias contaminantes y el aumento de la eficiencia en la utilización de estas materias. Una tasa lo suficientemente elevada debería servir para alcanzar los mismos objetivos que persigue el Protocolo de Kyoto.
¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que no se fijan cuotas de emisión por país. Si no se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio dentro del marco del Protocolo de Kyoto es porque cada país encuentra una excusa para discutir la cuota asignada. Cada país afirma tener una circunstancia distinta al resto que debe justificar un mayor margen para contaminar. Los desarrollados dicen que deberían tener más derecho a contaminar porque sus emisiones no se acercan ni por asomo a las de Estados Unidos, los países en vías de desarrollo afirman que les cuesta mucho contaminar poco porque están en pleno proceso de desarrollo.
Una tasa permitiría que cada Estado pudiera aumentarla o reducirla (dentro de unos parámetros prefijados) según sus circunstancias.
El problema de las cuotas es que es algo similar a dar dinero a otros países. Si necesitas contaminar más debes comprar cuotas de emisión a otros países, si no llegas a tus topes es un dinero que ahorras. La tasa común acaba con este problema. Ya no será necesario transmitir fondos a otros países.
Los costes de reducir la contaminación con este sistema serían pequeños, de hecho, cada país, por entero, podría beneficiarse de la aplicación de esta medida. Las tasas serían recaudadas por el propio país y se invertirían de nuevo en el propio país. La tasa podría servir también para reducir la carga impositiva sobre otros hechos productivos como la inversión o el trabajo. Es decir, gravaríamos algo «malo» (como los productos contaminantes) para dejar de presionar sobre cosas «buenas» (trabajo, inversión, ahorro…). El descenso de impuestos estimularía la economía, los beneficios superarían los costes de la tasa por contaminación. Principios básicos de la economía.
Bien, tenemos este sistema que supera los inconvenientes del anterior pero ¿cómo hacer que los países cumplan? No se puede confiar alegremente en la buena voluntad de los países para cumplir con una medida de esta naturaleza. La respuesta la encontraríamos en la aplicación de sanciones contra aquello países que incumplan. Asociando el incumplimiento a las medidas de retorsión de la Organización Mundial del Comercio. Tratando la no aplicación de la tasa como una forma de subvencionar los productos del país (las subvenciones están prohibidas en el comercio internacional). Y permitiendo, por lo tanto, adoptar medidas contra los países que incumplan las normas comerciales como ocurre en la actualidad.